La triste situación que
lamentablemente me toca comentar hoy empieza con la insensata y maliciosa
declaración de la Sra. Keiko Fujimori quien, inmediatamente después de no haber
obtenido el favor del pueblo peruano para ocupar el sillón presidencial en la
justa electoral del 2016, define la futura posición política de la ocasional
mayoría parlamentaria obtenida por su partido como la de una “oposición responsable” [1].
A partir de ello se suceden una
serie de situaciones y hechos que van develando la verdadera naturaleza e
intenciones de lo que en apariencia era un movimiento político renovado pero
que en realidad ha demostrado ser una millonaria maquinaria organizada con el
solo propósito de capturar el poder y perennizar en el a la estirpe política
mas totalitaria y corrupta que ha existido en el Perú.
Una maquinaria sin escrúpulos
que no ha vacilado en reclutar e invitar a ciertos personajes, verdaderos matones
y mercenarios políticos, para participar en su lista parlamentaria y cumplir la
función de fuerza de choque contra el gobierno así como la de amedrentar a los
miembros de su propia bancada de forma que cumplan con apoyar y defender las
consignas que dispone una maliciosa cúpula partidaria ajena al gobierno y/o a
los poderes del estado.
Golondrinos políticos que se
mueven de partido en partido ofreciendo sus servicios a cambio de que se les
permita mantenerse prendidos de la ubre fiscal y gozar de una cuota de poder.
Golondrinos y matones cuya misión, desde el primer día, ha sido atacar,
desestabilizar e inclusive insultar al Presidente de la Republica así como
sabotear la implementación de su plan de gobierno utilizando como excusa y
disfraz una supuesta convicción fiscalizadora y vocación de lucha contra la
corrupción. Osada coartada de quienes son cómplices y/o herederos de un
gobierno que ha probado ser uno de los mas corruptos de la historia del Perú.
Gobierno que dejo como testimonio de su voracidad, ausencia de
escrúpulos y absoluta indiferencia por el pueblo peruano a mas de 78 altos
directivos y funcionarios de dicho gobierno acusados y sentenciados por
corrupción y otros delitos[2].
