LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE WAYRA PERU Y LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Es realmente notable la total ausencia de perspectiva y ciertamente de identidad nacional manifiesta en los comentarios que día a día aparecen en nuestros diarios y que, pareciera ser, no incomodan a nadie.

Recientemente he leído en un suplemento del diario El Comercio una nota, que solo puedo explicar como “interesada”, sobre el lamentable e injustificable conflicto surgido entre los accionistas de la línea aérea nacional Wayra Perú.

La publicación en mención es discretamente crítica hacia el accionista nacional de dicha empresa y, al mismo tiempo, impúdicamente servil para promover la imagen e intereses del accionista extranjero de la misma.

Esto no pasaría de ser simplemente un ejemplo mas de la vocación “fenicia” que caracteriza al periodismo nacional de no ser porque la intencionalidad de la nota atenta directamente contra lo que ha propuesto el Presidente de la República.

De tal forma, consideramos oportuno comentar el caso destacando objetivamente la verdadera dimensión y relevancia que tiene este enojoso e inaceptable conflicto de intereses entre los accionistas de Wayra Perú y las implicancias que a nivel ético, por decir lo menos, podría tener el caso si es que en efecto se constatara la oficiosa participación de algunos funcionarios del gobierno en el mismo.

Empezaremos por decir que es inaceptable que el conflicto entre estos accionistas haya determinado la suspensión de operaciones por parte de dicha línea aérea. Decimos inaceptable porque los peruanos y particularmente el público consumidor no tienen porque pagar las consecuencias de estas discrepancias.

En todas las empresas existen conflictos y discrepancias entre accionistas y estas no dejan de operar y funcionar normalmente debido a ello. Mas aun, las leyes del Perú contemplan este tipo de situaciones, que insistimos son comunes a la mayoría de empresas, así como los recursos, dentro de la Ley, que tienen las empresas y sus accionistas para resolver estos conflictos. Estas leyes están dadas no solo para ayudar a los accionistas sino, lo que es más importante, para proteger tanto a los consumidores como a los trabajadores de las empresas.

Para el caso, no tiene ninguna importancia la naturaleza del conflicto, quien tiene la razón y mucho menos cuales son los argumentos de las partes. Lo único importante es que resulta absolutamente inaceptable e injustificable que Wayra Perú haya dejado de operar como consecuencia de este conflicto y que los consumidores y trabajadores peruanos sean los perjudicados por esta abusiva y prepotente decisión.

Continuación...

Resulta aun más increíble la asombrosa ineptitud con la que las autoridades han actuado frente a esta situación.

La Ministra de Transportes y Comunicaciones, quien ha trascendido tuvo una reunión personal con el accionista extranjero de dicha línea aérea, fue incapaz de comunicar a este, como correspondía, que cualquier solución al conflicto tenia necesariamente que darse dentro del marco de lo que establecen las leyes Peruanas y que la interrupción de vuelos no solo seria inaceptable sino que levantaría serias dudas sobre la integridad empresarial y profesional de todos los accionistas y ejecutivos de la empresa para explotar cualquier servicio aero-comercial hacia/desde y/o en el Perú.

El Presidente de Indecopi, cuya responsabilidad es velar por los intereses del público consumidor, brillo por su ausencia y por supuesto no tuvo ni intervención ni opinión alguna cuando se dio este flagrante atropello contra los consumidores nacionales.

El Secretario de la Presidencia de la República, quien a trascendido también tuvo una reunión personal con el accionista extranjero de Wayra Perú, parece ser que tampoco comunico a este el disgusto del Presidente de la República por la forma en que los accionistas estaban manejando sus discrepancias y sobretodo por el perjuicio que su actitud estaba causando tanto a los consumidores como a los trabajadores de la empresa.

No existe ni siquiera un comentario oficial y/o nota periodística que de cuenta o siquiera mencione el que alguna autoridad del gobierno haya tenido la feliz iniciativa de haber citado a todos los accionistas de Wayra Perú para conminarlos a que resuelvan sus discrepancias sin interrumpir las operaciones evitando así perjudicar a terceros.

Independientemente de los argumentos que puedan esgrimir las partes para justificar su posición en este conflicto empresarial, que por supuesto estamos seguros serán argumentos antagónicos, y, aun cuando no conocemos los detalles de este enojoso conflicto, existen algunos hechos concretos que nos hacen suponer que buena parte del perjuicio causado a los consumidores Peruanos es responsabilidad directa del inversionista extranjero de Wayra Perú y/o de los ejecutivos de sus empresas afiliadas.

Decimos esto porque es absolutamente claro que los aviones Fokker 100 con los que operaba Wayra Perú fueron arrendados a esta por una empresa afiliada al inversionista extranjero. Existen numerosos artículos periodísticos en la prensa Colombiana y Brasilera así como en publicaciones especializadas de aviación comercial que dan cuenta de la adquisición de una flota de aviones Fokker 100 por parte de dicho inversionista y/o las empresas afiliadas a este.

Resulta igualmente claro que dicho accionista y/o las empresas afiliadas a este retiraron del Perú dichos aviones sin que mediara reclamo y/o pronunciamiento judicial alguno impidiendo así que Wayra Perú pudiera continuar volando.

Es mas, es muy probable que el retiro de dichos aviones se realizara en forma ilegal o en su defecto con la complicidad de la autoridad aérea peruana ya que las disposiciones aeronáuticas del Perú establecen que para retirar del país una aeronave es preciso contar con autorización de la Dirección General de Transporte Aéreo. Dicha autorización a su vez esta sujeta al cumplimiento de un trámite administrativo y/o a una orden judicial.

De haberse realizado un tramite administrativo, este hubiera despertado inquietud en la autoridad aérea nacional quien hubiera advertido que la solicitud amenazaba con perjudicar tanto a consumidores como trabajadores Peruanos y por tanto hubiera ameritado una evaluación mas profunda para establecer las implicancias de tal acción y la conveniencia de aprobar la misma.

De no ser así, la autoridad aérea y ciertamente la ministra de Transportes y Comunicaciones no solo tendrían responsabilidad directa en el perjuicio causado a los consumidores y trabajadores nacionales sino, lo que es mas importante, pondrían al descubierto la ineptitud así como la actitud servil y pusilánime de aquellos que se supone deben velar por el interés nacional.

Por el contrario, si como parece ser, el retiro de las aeronaves de Wayra Perú se realizo en forma irregular, entonces esto denotaría una abusiva y prepotente actitud empresarial por parte del inversionista extranjero de Wayra Perú y una absoluta falta de respeto y consideración por parte del mismo hacia los consumidores y trabajadores peruanos.

Una actitud no solo ofensiva y reñida con el respeto mínimo que el Perú tiene derecho a exigir por parte de los inversionistas extranjeros, a los que con tanta calidez acoge, sino también una falta de consideración absoluta para con el país y sus leyes.

Dicho en términos populares; un inversionista matonesco que considera al Perú un potrero y que por tanto se siente con el derecho de llevarse la pelota y terminar el partido si no se hace lo que el quiere.

Por si fuera poco, la nota aparecida en el Comercio sostiene que este controvertido inversionista extranjero tiene planificado crear otra línea aérea en el Perú, suponemos, con la aquiescencia de algún “felipillo” nacional y/o el apoyo de algunos funcionarios “amistosos” de este gobierno. Esto resulta tan absurdo que preferimos pensar que es una insinuación interesada o simplemente una broma.

Lo que no es broma sin embargo, es que el tratamiento del caso Wayra Perú por parte de algunas autoridades y funcionarios de este Gobierno denota no solo una imperdonable indolencia sino también serias discrepancias políticas.

De hecho la actuación de nuestras autoridades se contradice con lo que el Presidente de la República ha declarado a lo largo de su campana política y que ratifico en su discurso ante el Congreso en la ceremonia de toma de mando. Declaraciones que, dicho sea de paso, muchos de nosotros hemos creído y que nos impulsaron a votar por el.

El Presidente Alan García ha sido enfático al sostener que su gobierno estará comprometido con el ideal de alcanzar un nivel de desarrollo económico que nos permita superar el extraordinario desarrollo alcanzado por Chile.

El Presidente ha igualmente invocado a los peruanos para que asumamos la responsabilidad que nos corresponde en esta tarea así como en la ineludible obligación moral que tenemos de generar bienestar y progreso para los menos favorecidos en el país.

Estas no son simples declaraciones, verbo político o buenas intenciones sino un llamado formal para que todos asumamos como propio el reto y el compromiso de alcanzar esa meta.

Estamos convencidos que el Presidente de la República por su lado ha dado instrucciones especificas a sus ministros y funcionarios para que apoyen a todos los empresarios nacionales, grandes, medianos o pequeños, para que puedan cumplir con la responsabilidad que les toca en este imperativo nacional.

En el tratamiento del caso Wayra Perú sin embargo los funcionarios han actuado como enemigos del inversionista nacional y por supuesto de paso han traicionado a los consumidores y trabajadores.

El fabuloso desarrollo económico de Chile no es, como muchos piensan, consecuencia de la inversión extranjera en dicho país sino de una alianza formal entre el estado y sus empresarios nacionales. Una alianza que se sustenta en el compromiso por parte del estado Chileno de apoyar incondicionalmente a sus empresarios. Esto no quiere decir que el estado Chileno se ha comprometido a apañar las faltas que cometan sus empresarios sino simplemente que el estado apoyara y respaldara la posición de sus empresarios e inversionistas nacionales mientras no se pruebe formal y/o judicialmente que estos han actuado incorrecta o ilegalmente.

Los Peruanos somos testigos de privilegio de como en todos los conflictos surgidos en los últimos anos entre empresarios Peruanos y Chilenos, tanto en Chile como en el Perú, el estado Chileno siempre ha sido consecuente e irreductible con respecto a ese compromiso.

La confianza empresarial que genera esa gallarda actitud es tan contundente que los empresarios Peruanos han empezado a invertir en empresas Chilenas en lugar de Peruanas y a través de ellas abrir sucursales para hacer negocios y operar en el Perú. Aunque parezca mentira y ciertamente lamentable, los empresarios Peruanos tienen mas confianza en el estado Chileno que en el Peruano para defender sus intereses.

A la luz de lo acontecido con Wayra Perú quien los puede culpar.

El Presidente de la República tiene que tomar cartas en el asunto y erradicar con decisión la mentalidad de “felipillo” jadeante que tienen algunos ministros, funcionarios y autoridades ante el capital extranjero. Contrariamente a lo que piensan estos, esa vergonzosa actitud no genera confianza en los inversionistas extranjeros. Por el contrario genera una gran desconfianza y desprecio.

Los inversionistas extranjeros respetan a los estados y sus representantes cuando estos son consecuentes con el interés de sus naciones y sus empresarios y desconfían de aquellos que no se respetan ni siquiera a si mismos.

Chile no es el único país que defiende incondicionalmente a sus empresarios e inversionistas. Todos los grandes países del mundo hacen lo mismo (Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, etc.) e inclusive algunos son hasta abusivos haciéndolo.

El riesgo de no erradicar inmediatamente este servilismo compulsivo de nuestra burocracia y de algunas autoridades es muy grande para el país y ciertamente, poco menos que destruye cualquier aspiración Presidencial de superar a Chile.

Estamos a punto de formalizar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y el antecedente de lo acontecido con Wayra Perú tiene que incomodar a los empresarios Peruanos quienes en algún momento u otro van a necesitar el apoyo incondicional de su gobierno para enfrentar y resolver los múltiples conflictos y discrepancias que necesariamente habrán de surgir en el marco de dicho acuerdo.

Si el Perú no muestra una clara y contundente voluntad de erradicar esta mentalidad servil, en lugar de un TLC para adentro lo que vamos a tener es un TLC para afuera. Esto, porque los empresarios Peruanos van a fugar en masa para constituir empresas en Miami y operar a través de sucursales en el Perú bajo el manto protector de los Estados Unidos.

Antes de terminar este comentario debemos ser enfáticos con respecto a lo siguiente. Es muy probable que cuando se publique este articulo, algunas personas tengan la tentación de aprovechar el mismo para tratar de responsabilizar al Presidente de la República por lo acontecido con Wayra Perú. Esa actitud a nuestro juicio seria no solo convenida y ciertamente equivocada sino lo que es peor, simplista.

A lo largo de su carrera política el Presidente García ha cometido errores y dado muestras de que, como todo ser humano, adolece de muchos y múltiples defectos. Sin embargo, no creemos que exista una sola persona, sea esta aliado o adversario político, que pueda acusar al Presidente García de ser servil. Hacerlo, a nuestro juicio, seria una verdadera vileza.

Dicho esto, si consideramos sin embargo que tenemos derecho de solicitar su intervención para subsanar las actitudes y limitaciones que mencionamos en el presente articulo y, eventualmente, solicitarle que explique las medidas que ha dispuesto para ello.

SI YO FUERA PRESIDENTE, citaría a los accionistas de Wayra Perú para analizar si todavía es factible rescatar a esa empresa. Empezaría por citar primero al inversionista nacional y después al inversionista extranjero.

Inmediatamente encargaría al Presidente del Consejo de Ministros la elaboración de un documento que defina claramente las políticas y directrices que habrán de servir como “Marco de Referencia” para guiar la relación entre el gobierno y los empresarios/inversionistas nacionales. Dicho documento deberá igualmente incluir las expectativas del gobierno con respecto a la gestión de estos.

Asimismo, implementaría a nivel de la Presidencia de la República y dependiente del mismo Presidente, una oficina que tenga como objetivo servir de nexo entre las autoridades del Gobierno y los empresarios nacionales.

Una oficina de gestión al más alto nivel que sirva como aliado del empresariado nacional al interior del gobierno. Una oficina que ponga al servicio de los empresarios, de todos los empresarios, grandes, medianos o pequeños, la influencia y capacidad de convocatoria del Presidente de la República para acelerar tramites, resolver problemas, facilitar el acceso a las autoridades, etc. así como otras gestiones que pudieran requerir estos.

Una oficina con un Presupuesto reducido cuya función sea estrictamente gestionar acciones en favor de los empresarios. Una oficina a la que tengan acceso todos los empresarios y no solo algunos privilegiados. Una oficina, por lo demás, sin capacidad alguna para proponer, desarrollar, gestionar y/o intervenir en materias de carácter político, social y/o económico.

La oficina propuesta, aunque de apoyo a los empresarios y a la inversión, cumpliría indirectamente una doble función. En primer lugar brindaría a los empresarios nacionales la confianza de saber que cuentan con el apoyo personal y directo del Presidente de la República para facilitar su gestión. Mas importante aun, dicha oficina serviría igualmente para que todos los funcionarios del gobierno puedan identificar rápida y claramente cuando alguna autoridad no vinculada a dicha oficina pretende utilizar su influencia impropiamente para favorecer a un tercero.

La lucha contra la corrupción implica no solo luchar contra los corruptos sino también contra el uso impropio del poder y la influencia de la cual esta se nutre.

Nadie tiene mas influencia en el país que el Presidente de la República y por tanto no existe ninguna razón para que los empresarios y/o inversionistas recurran a la influencia de ninguna otra autoridad. De la misma forma, las autoridades podrán canalizar a través de esta oficina las justas y perfectamente validas inquietudes que pudieran tener con respecto al bienestar general del empresariado nacional y/o de alguna empresa o empresario en particular.

Con el “Marco de Referencia” elaborado por el Consejo de Ministros citaría a los rectores de las principales Universidades nacionales para explorar y, de ser posible concretar, la implementación de una serie de cursillos de extensión Universitaria para capacitar tanto a los funcionarios del gobierno, incluyendo ministros, como a los empresarios en el contenido, alcances, beneficios y responsabilidades que contempla este “Marco de Referencia”.

Dichos cursillos deberán igualmente capacitar a los participantes en las características que definen a un estado moderno particularmente en lo que se refiere al papel que debe cumplir la inversión nacional y la inversión extranjera en el desarrollo del país así como el imperativo y la responsabilidad que tiene la administración publica de supeditar las expectativas de los inversionistas al interés nacional y los derechos de nuestros ciudadanos.

A nivel empresarial, los cursillos deberán capacitar a los participantes en el rol y la responsabilidad que deben asumir los empresarios en un estado moderno, particularmente en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo y la re-inversión de utilidades pero sobre todo en el protagonismo que deben asumir como agentes en la implementación de la estrategia geopolítica del país.

Estos cursillos serian obligatorios únicamente para los ministros y voluntarios para funcionarios públicos y empresarios. A nivel administración publica sin embargo, el costo de los mismos seria cubierto por el estado y la asistencia a estos seria requisito indispensable para aspirar a promociones y/o aumentos salariales.

La persona que se nombre para dirigir la oficina Presidencial de Apoyo Empresarial no puede ser un político sino más bien tiene que ser una persona pragmática que tenga claro el papel que debe cumplir el Estado así como el empresariado en el desarrollo nacional. Tiene que ser un buen negociador y una persona capaz de conciliar aspiraciones e inquietudes que en muchos casos van a ser antagónicos.

Dicho esto y sin pretender descartar a otros profesionales, me atrevería a sugerir para el puesto al Sr. Alfredo Ferrero que ocupo el cargo de Ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno anterior. Yo no conozco personalmente al Sr. Ferrero pero entiendo, por lo que he leído en la prensa, que es una persona joven, honesta, parece ser bastante capaz y ciertamente tiene una gran vocación de servicio al país.