Los
partidos políticos en el Perú, salvo honrosas excepciones, son organizaciones
ya sea abiertamente delincuenciales o, en el mejor de los casos, organizaciones
al servicio de intereses personales, indiferentes al interés y sentir ciudadano
y controladas por caudillos inescrupulosos a los que solo les interesa el poder.
Mas
aun, en su afán por acumular ese poder se las han ingeniado para tergiversar
inescrupulosamente la limitada y secundaria función que les reserva la constitución[1]
promulgando inconstitucionales leyes para convertirse en impunes
protagonistas y gestores de nuestro sistema de gobierno.
En el colmo de la
prepotencia y descaro han inclusive logrado, bajo el acomodaticio y falso
pretexto de fortalecer los partidos políticos para defender la democracia, prenderse
de la ubre fiscal pasando leyes para que sea el Estado quien los mantenga con dineros
públicos a fin de compensar la total indiferencia de la ciudadanía hacia su
existencia.
Esto, no obstante que la
historia ha demostrado fehacientemente que son precisamente los partidos
políticos los artífices y responsables de la mayoría de males que aquejan a
nuestro sufrido y estoico país.
El Congreso
de la Republica por lo demás es un claro ejemplo de las nefastas consecuencias
que ha traído para el país la bastarda influencia de los partidos políticos en
nuestro sistema republicano de gobierno.
Un
poder del Estado integrado por jadeantes esbirros al servicio de las camarillas
enquistadas en la dirección de dichos partidos y cuya característica común es
la ignorancia, una soberbia injustificada, la ausencia de convicción
democrática, una insensibilidad supina que les impide servir para alcanzar el
bien común, una grotesca voracidad fenicia y sobretodo, una total incapacidad
de raciocinio propio. En suma, un muladar político pusilánime obnubilado por
bajas pasiones e impropio de la investidura que ostenta.[2]
El
sistema judicial a su vez es una cloaca legal donde todos sus miembros son
corruptos… algunos por acción y otros por omisión. Corruptos organizados en verdaderas
bandas delictivas para comercializar con la justicia y por otro lado jurisconsultos
pusilánimes incapaces de oponerse y/o denunciarlas ya sea por temor o
conveniencia. Un sistema que administra la legalidad pero donde la gran ausente
es precisamente la Justicia. Un sistema que en un país dividido por
preferencias políticas, aunque parezca increíble, muy probablemente mas del 90%
de la población coincide que el sistema judicial peruano es una desgracia.
Por ultimo
para adornar esa fétida realidad no escapa a la misma el primitivismo implícito
en el contradictorio nombramiento de un fiscal de la nación que proviene
precisamente de la cloaca judicial que tiene al país y a sus ciudadanos como
rehenes.
Un
fiscal al que poco le importa faltar a la verdad y que muy orondo declarara que
el era la persona mas adecuada para luchar contra la corrupción en el poder
judicial porque el sabia donde se escondía la misma.
Es
decir, el conocía de dicha corrupción y nunca dijo y/o hizo nada y aunque
parezca inaudito, la soberbia y seguridad de su impunidad hizo que no tuviera
reparo en calificarse legalmente con su declaración como cómplice de esa
corrupción.
Contrario
a lo que creen los pesimistas existenciales, la situación por la que atraviesa
el Perú no es exclusiva de nuestro país o siquiera original y ciertamente tiene
solución. Pensadores a lo largo de la historia han sido conscientes de estos
peligros e inclusive han escrito múltiples tratados discutiendo los mismos.
Basta leer la siguiente cita de Frederic Bastiat para darnos cuenta del lugar común en
el que nos encontramos.
- “Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en la sociedad, en el transcurso del tiempo ellos crearan para si mismos un sistema legal que los autoriza para ello y un código moral que glorifica su accionar.”
Esta es
la encrucijada en la que nos encontramos actualmente y lograr que nuestro país
recupere la solvencia democrática, republicana, judicial y moral que merecemos
va a requerir de gran desprendimiento, determinación, trabajo y convicción por
parte de todos aquellos que no somos parte integrante de esa toxica realidad en
la que se encuentra atrapado el país y que aspiramos a un país de ideas y valores
fundamentales como libertad, justicia, honor, deber, piedad, igualdad y
esperanza.
Quienes
hoy ostentan poder en las instituciones comprometidas no van a cambiar nada por
la simple razón de que no van a atentar contra si mismos. Lo mas probable es
que se ofrezcan a cambiar todo el aparato estatal para disfrazar sus verdaderas
intenciones y luego sabotear todo esfuerzo para lograr ese objetivo.
Las
palabras de un comentarista americano que firma como "Jesse" en su
bitácora son bastante elocuentes en este sentido.
- “Una trampa
de credibilidad es cuando las funciones administrativas y gerenciales de una
sociedad han sido comprometidas por la corrupción en grado suficiente como para que los lideres no la puedan
reformar o siquiera discutir honestamente los problemas de dicho sistema sin
implicar a un amplio sector del poder incluidos ellos mismos. Los
intereses económicos y sus aspirantes toleran la corrupción porque se han
beneficiado de ella y desearían continuar haciéndolo. La disciplina del sistema
es mantenida mediante inocentes recompensas económicas y coerción tanto social
como profesional.”
En este
contexto tenemos que lamentar los comentarios de algunos periodistas y
comentaristas que con ocasión de la prisión preventiva decretada contra algunos
políticos se rasgan las vestiduras exigiendo debido proceso y estándares
judiciales irreales e inexistentes en el Perú debido a la incapacidad, profunda
corrupción y pútrido estado en el que se encuentra la administración de
justicia en el país.
No es
dable pues exigir y cuestionar estándares judiciales para unos pocos poderosos y
privilegiados, que en efecto probablemente no están gozando de la imparcialidad
a la que tienen derecho, y al mismo tiempo ignorar a los cientos y hasta miles
de ciudadanos modestos, comunes y corrientes y/o racialmente estigmatizados que
vienen sufriendo durante años exactamente las mismas limitaciones y abusos
judiciales sin que nadie haya hecho nada o siquiera comentado el caso de
ellos.
Aquellos
que hoy cuestionan la violación de sus derechos civiles y sus jadeantes “ayayeros”
son precisamente los artífices y culpables de que el sistema judicial peruano
este en la vergonzosa situación en la esta y no obstante que muchos de ellos han tenido la
oportunidad de actuar y/o de opinar al respecto para solucionar el problema
nunca hicieron nada.
Los
políticos encarcelados están sufriendo lo que todos los ciudadanos del Perú
sufren día a día si tienen la desgracia de caer en las garras del poder
judicial y por tanto no tienen derecho a reclamar un trato especial hasta que
los ciudadanos modestos, comunes y corrientes tengan la garantía de ser
tratados con el mismo estándar.
A
quienes cuestionan la probidad judicial bueno seria que ocupen su tiempo en
plantear alternativas para reformar profunda y rápidamente el poder judicial de
forma que los ciudadanos modestos cuenten con las garantías y respeto a sus
derechos civiles. Cuando logremos eso, los privilegiados tendrán la garantía de
ser tratados de igual manera. Eso, en
lugar de cuestionar, criticar e influir con la intención de deslegitimizar el
accionar judicial para obtener trato preferencial en el caso de sus preferidos
contribuyendo así precisamente a la corrupción del sistema judicial y el abuso
que padecen todos los que no cuentan con influencia.
[1] Constitución Política del Perú, Capitulo III - De
los Derechos Políticos y de los Deberes, Articulo 35
[2] “No vamos permitir que nos arrebaten nuestro país” ( http://syfp.blogspot.com/2018/07/no-vamos-permitir-que-nos-arrebaten.html
)
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